Actualización informativa (2013)

Desde el año 2009 hasta OCTUBRE 2013 este blog ha estado inactivo debido a que Florencia Melgar formó una familia, tuvo dos hijas, se mudó de país y ahora vive en Australia.

Actividad laboral actual

• Periodista free lance en radio SBS. 
• Project manager de los proyectos mediáticos comunitarios:  9 historias vitales y Estudiantes Internacionales.
• Project manager del libro bilingüe de refugiados latinoamericanos en Australia, que también es un proyecto participativo en el que será incluida la mirada de los jóvenes latinos en Australia.
• Directora del portal LATINHUB www.latinhub.com.au
• Autora de la investigación sobre la participación de Australia en el golpe de estado de Chile en 1973 www.australiainchile1973.blogspot.com
• Florencia está explorando en el área de la literatura infantil.

La Caducidad: el motor de la impunidad

La impunidad es más que un estado de cosas resultado de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. La impunidad es una fuerza dinámica de la que todos somos parte por omisión, cuando nos abstenemos de pronunciarnos y participar o ver más allá de lo evidente. Esto no quita importancia a la anulación de la ley, sino que refuerza la necesidad de quitarla del ordenamiento jurídico y la sitúa en toda su dimensión en un todo más complejo que trasciende las implicancias inmediatas de la ley.

La ley 15.848 es el motor de la impunidad que se alimenta del combustible de cada uno de los ciudadanos irresponsables que prefieren olvidar y mirar para otro lado. Están los que insisten con el disurso repetido de la necesidad de olvidar, dejar pasar el tiempo y mirar hacia adelante.

Son casi graciosos -cuando no ridículos o insultantes- al menos desde el punto de vista argumentativo, porque la amplísima mayoría de ellos son personas que no tienen nada que olvidar. Nada de esos años les trastorna el sueño ni la vida. Pero qué fácil poner reglas de olvido cuando son para otros. Qué fácil olvidar para el que no tiene recuerdos.

Más de 20 años luchando por vencer la impunidad

Las luchas para declarar inconstitucional la ley 15.848, para anularla o derogarla comenzaron hace más de 20 años. A mediados de 1988 la Suprema Corte de Justicia rechazó la inconstitucionalidad por 3 votos en 5. Veinte años después la Suprema Corte la declararía inconstitucional para el caso del asesinato de Nibya Sabalsagaray. En la misma línea se pronunciaron a modo de consulta los poderes Legislativo y Ejecutivo en 2008.

La consulta popular de 1989 dio un resultado a favor de la ley de 57% a 43%. Amparado en el artículo cuarto de la ley, el gobierno de Jorge Batlle creó la Comisión para la Paz que recopiló información. Los resultados son ampliamente debatidos pero los familiares de las víctimas casi no encontraron respuestas en estas indagatorias. Entre los gobiernos posdictatoriales, el Frente Amplio ha sido el menos malo en materia de derechos humanos. Pero lejos de ser bueno, las inconsistencias, la inacción y la falta de comunicación dominaron la escena. En los hechos, sólo se encontraron los restos de Ubagesner Chávez Sosa y Fernando Miranda.

Castigo e impunidad

La ley de Caducidad permitió la ausencia de castigo (impunidad) para personas responsables del a desaparición, asesinato y tortura de otras personas, culpables o inocentes de los crímenes de los que se las acusaba, pero en todos los casos violando los derechos básicos de todos los seres humanos.

El poder del castigo es pagar por lo realizado y aleccionar al resto de los ciudadanos sobre su suerte si infringen la ley de la misma forma. Ese poder coercitivo del estado que procura un orden social, no puede desmoronarse por una ley que pone en duda las bases del ordenamiento jurídico. Legitimar los abusos por parte del mismo estado (el terrorismo de estado) no hace más que deslegitimar el estado de derecho. Al mismo tiempo, da carta libre a que se repitan en el futuro las mismas violaciones a los derechos humanos, amparados en el ejemplo de falta de castigo de quienes lo hicieron en el pasado.

Construir un país serio y sólido supone dar respuestas a las víctimas y dignificar la imagen del estado, limpiándola a través del reconocimiento de la responsabilidad. La sociedad uruguaya espera que los militares pidan perdón públicamente. También lo deberíamos esperar de sus fieles colaboradores civiles, sin los cuales muchas atrocidades no podrían haberse cometido y mucho menos perpetrado en el tiempo.

Uruguay está en la Tierra; los derechos humanos rigen en todo el planeta

La evolución del Derecho Internacional ha consolidado un corpus normativo que se transformó en una rama del derecho que es el Derecho internacional de los derechos humanos.

Uno de los límites de la acción pública son los derechos humanos, inherentes al ser humano y por lo tanto superiores al poder del estado. Son universales y no necesitan ser consagrados por ningún derecho positivo.

En abril de 1999 la Comisión de Derechos Humanos firmó una resolución, subrayando la importancia de luchar contra la impunidad para prevenir violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional. Destaca que para las víctimas y sus familiares es esencial que se conozca su sufrimiento y la verdad acerca de los autores de esas violaciones, sin lo cual no será posible no será posible ninguna rehabilitación ni reconciliación.

Seis años después, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que sostiene que los estados están obligados a "respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario". Esta obligación implica: "adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones; investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional; dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia (...)".

De acuerdo a esta resolución, el estado debe tomar algunas medidas para que no se repitan las violaciones: verificación de los hechos y revelación pública y completa de la verdad; búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos; declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y sus allegados; disculpa pública y reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones; conmemoraciones y homenajes a las víctimas; inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles.

La ley uruguaya18.026 ("Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad"), aprobada en 2006, fue un gran avance en el cumplimiento de las obligaciones del país con el estatuto de Roma y los instrumentos internacionales referidos a desaparición forzada y tortura.

Sin embargo, el espíritu de la ley 18.026 se contradice con la ley 15.848, si se lo ve bajo el lente de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de Naciones Unidas, vigente desde 1970.

Cruzando el charco

En Argentina, las leyes de punto final y de obediencia debida desaparecieron del orden jurídico por resolución de la Suprema Corte de Justicia de junio de 2005. El fallo de la Corte fue consecuencia del estudio del caso Julio Simón, de 2002 a 2005 y configura un antecedente ejemplar en la jurisprudencia del cono sur en materia de derechos humanos.

En el caso de Simón, el Procurador General de la Nación argentina, Eduardo Becerra, argumentó en contra de estas leyes: en su alegato de agosto de 2002 sostiene que la obligación estatal no se agota en la "investigación de la verdad, sino que debe proyectarse, cuando ello es posible, a la sanción de sus responsables".

Contestando a quienes justifican los abusos cometidos del cono sur en situacione de guerra interna, Becerra argumenta basándose en la legislación internacional. Subraya el artículo 10 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas: "en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la desaparición forzada de personas". También destaca el artículo 2.2 de la Convención contra la Tortura: "en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como el estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura".

Según el Procurador, las leyes de punto final y de obediencia debida deben ser consideradas inconstitucionales porque impiden juzgar casos de desaparciones forzadas.

La Suprema Corte Argentina, en su fallo de junio de 2005 señalaba que los argumentos históricos a favor de estas leyes de aminstía han perdido legitimidad. Obstaculizan el esclarecimiento y la sanción de actos contrarios a los derechos reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a las directivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En su argumentación, la corte argentina afirma que "la falta de un aparato organizado de punición respecto de los estados nacionales no implica que deba omitirse el castigo de los crímenes contra la humanidad, porque precisamente una de las características peculiares en la persecución de estos crímenes consiste en que, en diversas ocasiones, no es posible su represión efectiva ante la ausencia de un marco nacional de punición que ha quedado insertado en un proceso político en el cual las mismas personas que cometieron tales hechos impiden, de un modo u otro, la búsqueda de la verdad y el castigo de los responsables". Por lo tanto "la calificación de los delitos contra la humanidad no depende de la voluntad de los Estados nacionales sino de los principios del ius cogens del Derecho Internacional".

Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández y los derechos humanos

El presidente Tabaré Vázquez se pronunció en contra de la Ley de Caducidad recién en abril de 2009. Fue inmediatamente luego que la comisión respectiva obtuviera el número de firmas necesario para habilitar la consulta popular para anular la ley.

Desde Costa Rica, a fines de abril, afirmó que la ley es inconstitucional y que como persona apoya la recolección de firmas. Separó su posición personal de su rol institucional y dijo que como presidente debe respetar el programa de gobierno del Frente Amplio que lo llevó a ocupar la Presidencia. Su fuerza política había decidido en 2003 que de llegar al gobierno, aplicaría la ley en su totalidad.

Apelando a la lógica inversa, sus "convicciones filosóficas personales" fueron el motor que llevaron al presidente Vázquez a vetar la ley que despenalizaba el aborto.

Sus declaraciones a la prensa en ocasión del Consejo de Ministros en la localidad de Tomás Gomensoro en noviembre de 2007 fueron: "la ley de salud reproductiva, es una muy buena ley (...) pero hay otros elementos que ustedes ya conocen y usted me lo pregunta sabiendo lo que me esta preguntando, que filosóficamente, biológicamente, yo no comparto por tanto si vienen incluidos los voy a vetar".

Un año después, en noviembre de 2008 finalmente Vázquez vetaría todos los artículos de la ley de Salud Sexual y Reproductiva relacionados con el aborto.

En el caso de la Ley de Caducidad, para Vázquez no podían primar sus convicciones personales pero sí fueron la primer prioridad al decidir sobre una ley promulgada por el Parlamento en el que su fuerza política tiene mayoría.

La falta de lógica interna (cohesión discursiva) del presidente Vázquez en temas inherentes a las políticas de derechos humanos, alimenta involuntariamente la impunidad sembrada por la Caducidad.

Por otra parte, si existe un funcionario público que ha ocupado los más importantes cargos de confianza en el gobierno, ése es el actual canciller Gonzalo Fernández. Si hay un funcionario difícil de acceder como periodista (y ni qué hablar como ciudadano) ése es Fernández.

El mismo que desde 2006 hasta la actualidad el abogado Gustavo Salle ha denunciado ante la justicia por conjunción de interés público y privado. Una de las denuncias es que su estudio de abogados patrocina a personas que presentan demandas contra del estado uruguayo.

Su presidencia de la Comisión de Seguimiento de Derechos Humanos no deja de sorprender. Como sea, la elección de Vázquez al poner a Fernández en ese cargo, seguramente no fue por su popularidad o el grado de confianza que la ciudadanía tiene en Fernández. Otra incógnita en el abordaje de los derechos humanos.

La ausencia de políticas transparentes, horizontales y accesibles sobre el abordaje de las investigaciones, alimenta la impunidad sembrada por la Caducidad.

¿Cuántos archivos hay? ¿Dónde están? ¿Qué dicen? ¿Por qué la investigación no es sostenida?

Impunidad es también la dificultad para acceder a los archivos de la época. Al margen de los cuidados necesarios de protección de las vidas personales de las víctimas y sus familias, hay archivos que no están sistematizados y algunos ni siquiera reclamados.

Impunidad es que nada se sabe del reclamo del estado uruguayo de los archivos que Estados Unidos tiene de nuestro país. Los que conocemos son por trabajos individuales de la historiadora Clara Aldrighi e iniciativas individuales de historiadores, abogados y periodistas que han buscando informaciones para investigaciones puntuales.

Miles de páginas, bajo la etiqueta Uruguay, esperan ser revisadas y desarchivadas, traducidas y sistematizadas. ¿Tanta seguridad tenemos los uruguayos que no hay ninguna información en ese caudal que pueda ayudar a las causas de las víctimas de la dictadura?

Los protocoos de pedido de desarchivo de documentación por vía judicial o por el Freedom of Information Act (FOIA) sólo permiten solicitar información puntual que es fácilmente negada o recortada. Este sistema no habilita el pedido de la totalidad del archivo. Se necesita enviar un equipo interdisciplinario al Departamento de Estado, la Biblioteca Nacional y si es posible, los archivos de la CIA, a buscar en los índices, desclasificar, copiar y traer de vuelta al país para sistematizar. Nadie en Estados Unidos va a disponer de personal, dedicación, tiempo y los costos que eso implica por información que sólo a nosotros interesa. ¿Tan difícil es enviar a Estados Unidos un equipo de esas características? No hacerlo, ¿no es omisión?

No investigar los archivos de Estados Unidos alimenta la impunidad sembrada por la Caducidad.

Los archivos de Cancillería

En el año 2000 la Comisión para la Paz solicitó información al Archivo Histórico - Diplomático. La respuesta oficial el 30 de octubre de ese año fue que existía una gran cantidad de información vinculada a temas de derechos humanos pero su volumen impedía adjuntarla. La Comisión para la Paz nunca solicitó esa información y hubo que esperar cinco años para acceder a la información.

En un admirable trabajo de investigación, desarchivo y sistematización, los documentos encontrados en el archivo histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el empuje del profesor Oscar Destouet, mostraron la punta del ice berg de una monumental cantidad de información de la dictadura que nadie esperaba se hubiera conservado en archivos.

Con el trabajo invalorable de Syvia Belli, Álvaro Corbacho y Mariela Cornes, se sistematizó la información que hoy el archivo histórico de Cancillería pone a disposición.

Pero hay mucha más información que nunca fue sistematizada. No hay personal, no hay tiempo, el gobierno no lo asigna. Un simple acuerdo con los estudiantes de bibliotecología e historia podrían facilitar el apoyo logístico necesario. Por supuesto, si hubiera interés.

Si ese interés existiera, los reportes internos de Cancillería sobre archivos en el sótano que se inunda (y se sigue inundando), habrían tenido alguna consecuencia para evitar que esto suceda.

El sótano tiene dos archivos. Un parte contiene una cantidad de información que no está indexada por lo cual se desconoce su contenido. Esta parte no se inunda pero no cumple con los requisitos de acondicionamiento mínimos recomendados en términos de luz y humedad para la conservación. El segundo archivo se inunda; es el que contiene una valiosísima información documental traída de Galicia sobre inmigrantes de esa España a Uruguay en el siglo XX.

¿Alguno de ustedes imagina que en uno de esos temporales en que el sótano se inundó y las cajas de archivos de Cancillería se empaparon en el sótano, los funcionarios fueron al ser notificados a levantar como pudieron las cajas? Las abrieron, sacaron los papeles, pidieron por favor que les consiguieran un freezer para colocar los papeles antes que se deshicieran. Cuando hay gran cantidad de material de archivo que rescatar en un accidente de este tipo, los expertos recomiendan poner los papeles en un freezer, e ir descongelando y secando a medida que hay capacidad de hacerlo. De otra forma, el papel se estropea y hasta se puede desintegrar. La respuesta que recibió las personas que se hicieron del desastre fue nula, como si estuvieran pidiendo un disparate.

No trascendió, nadie se enteró. Terminaron trayendo cuerdas de sus casas, poniéndolas en el sótano de la Cancillería y con palillos, como podían, colgando los documentos para secar. Eso pasaba en nuestro Ministerio de Relaciones exteriores, un lunes tras una tormenta. No se tomaron medidas tras el "accidente" y volvió a suceder. Rescataron lo que pudieron.

¿Quién habla de esos héroes silenciosos que desesperados sin respuesta buscan rescatar y cuidar el patrimonio y la historia de los uruguayos bajo una tormenta, sin recibir respuesta alguna de la institución?

Las cuerdas y los palillos también fueron traídos de la casa de la persona que se hizo cargo del desastre, de la mejor manera, como pudo, con lo que tenía.

Las recomendaciones sobre el cuidado necesario de esos archivos (que todavía no sabemos qué contienen) tampoco fueron tomadas en cuenta por las autoridades. Hay protocolos para el mantenimiento del material, condiciones de humedad y de aislamiento del polvo para minimizar el deterioro inevitable del paso del tiempo. En los hechos, ninguna de las recomendaciones ha sido puesta en práctica.

No investigar la situación de los archivos en el sótano del Ministerio de Relaciones Exteriores alimenta la impunidad sembrada por la Caducidad.

Archivo histórico diplomático vs. archivo administrativo

Mientras el archivo histórico diplomático de la Cancillería es ejemplo de orden, responsabilidad, dedicación y apertura al público, el archivo administrativo es un misterio que quizás nunca se devele. Espero equivocarme. Su responsable, Juan Ortiz, goza de una libertad de actuación muy interesante.

Nadie sabe qué hay en ese archivo. El material no está sistematizado ni hay un índice. Frente a consultas puntuales, Ortiz ha respondido en varias ocasiones que no hay información, sin poder saber si la hay o no porque es casi imposible encontrarla si el material no contiene un índice detallado.

Se podrán negar las afirmaciones. Y se podrán negar porque no hay controles, no hay auditorías, no hay un servicio previsto que controle el estado de los archivos ni que obligue a cualquier funcionario público a cargo de un archivo a que presente un estado de situación, o norma que permita que las declaraciones de los responsables de los archivos sean contrastadas con la realidad al ser chequeadas. La palabra de Ortiz en este caso es validada sin cuestionamientos por las autoridades ministeriales. Sin embargo, en ese archivo podrían esconderse muchas respuestas que los uruguayos esperamos.

Para no hacer enojar al responsable del archivo y evitar represalias (traducidas en ocultar o negar información) algunos historiadores han callado irregularidades en el manejo de la documentación del archivo administrativo. Para ellos el fin (seguir investigando) ha justificado el medio (callar).

Bajo el discurso de que el archivo contiene información personal de los diplomáticos, la limitación de acceso a los expedientes es muy grande. Sin embargo, hay formas establecidas para revisar la información de los archivos y existen compromisos asumidos por los investigadores, siguiendo el protocolo de acceso a la información establecido en 2002. El secretismo no es necesario.

El expediente de Miguel Sofía

La desaparición del expediente original de Miguel Sofía fue notificada internamente en la Cancillería. ¿Las consecuencias? Ninguna. La situación respecto del expediente de Sofía no me la contaron. Yo estaba allí cuando el responsable del archivo administrativo trataba de convencer a otra funcionaria que el expediente que le mostraba era el original.

¿Quién es Miguel Sofía y por qué el archivo administrativo tiene una carpeta a su nombre? Miguel Sofía es un empresario uruguayo que ha sido señalado como integrante del Escuadrón de la Muerte en los primeros años de la década del 70. También se lo vincula al subsecretario del Interior Armando Acosta y Lara como uno de sus colaboradores cuando fue interventor del Secundaria. Sofía fue funcionario de la Cancillería y por eso se llevaba un registro de sus actividades mientras sirvió a esta dependencia estatal.

Ella pedía el original porque el que le estaba entregando era una copia. Él insistía en que era el original. Ella argumentaba que era una copia porque ella había visto ese expediente anteriormente y las diferencias eran muchas: el tamaño del segundo expediente era mucho menor, las hojas eran muy blancas y no corresponden con la antigüedad de las hojas de las fechas del expediente, y el expediente estaba copiado en A4, formato de hoja que se utiliza desde 1990.

El argumento reiterado del responsable del archivo administrativo era que esas hojas era lo único que él tenía y que ella no podía poner en duda su palabra. Pero la ética de la funcionaria le impedía dar por válido aquel expediente porque sabía que no era el original. Sus argumentos eran técnicos y específicos. Los de él, que ella no debía desconfiar de su palabra. Quizás, porque él había sido superior de la funcionaria.

Ella notificó de la situación del expediente a sus superiores pero hasta este momento, la versión origianl nunca apareció y el responsable del archivo administrativo (hábil participante del grupo archivos y acceso a la información pública GAIP) parece inimputable.

Esto ocurría en la Cancillería en enero de 2009. Yo estaba allí, investigando. Vi lo que ocurrió, lo escuché, y afortunadamente, gracias a la tecnología celular, lo grabé.

No investigar lo que pasa en el archivo administrativo alimenta la impunidad sembrada por la Caducidad.

Civiles culpables anónimos sin procesamiento

Impunidad es que a excepción de Juan Carlos Blanco, no existe ningún procesamiento de civiles uruguayos. Los diplomáticos involucrados activamente en la dictadura -que menciono porque fueron parte integral del Servicio de Información y Defensa, SID- ni siquiera fueron expuestos al escarnio público. Cada embajada uruguaya en el mundo debía funcionar como un equipo de información activa para la dictadura. Y también hubo quienes dijeron "no" y se fueron, o resistieron desde adentro.

Volvió la democracia y los colaboradores mantuvieron sus puestos, sus cargos, sus destinos, sus carreras funcionales, su impunidad, su nombre "limpio" y su anonimato.

Lamentablemente también se mantuvo el anonimato de los funcionarios del servicio exterior (y del equipo administrativo) que resistieron. Son los pequeños héroes sin nombre de la Cancillería. A los uruguayos también nos gustaría saber de ellos.

No investigar a los funcionarios del servicio exterior alimenta la impunidad sembrada por la Caducidad.

¿Qué pasó con las cajas perdidas de Silvia Izquierdo?

En noviembre de 2006, la periodista de Brecha, Carolina Porley, informó en el semanario Brecha que en 1991 desaparecieron de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería 32 cajas con documentos del Departamento Exterior del ESMACO.

En 1999, quien entonces era directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Silvia Izquierdo, informó al canciller Didier Opertti, que estas cajas no estaban.

Según informa la nota de Brecha, la documentación hacia 1985, "llenaba ocho archivadores con cuatro cajones cada uno. Cada cajón tenía, a su vez, 20 carpetas con documentos de órdenes o pedidos de información enviados por el ESMACO a las misiones en el exterior, asimismo télex, cartas e informaciones recibidas desde las sedes diplomáticas y organizaciones internacionales".

Durante ocho años Izquierdo no notificó de la desaparición de documentación y en 1999 informó a Opertti de la situación debido a que los legisladores Enrique Rubio y José Bayardi solicitaron la información. Se supone que entre esos documentos estaba el memorando secreto sobre el caso de Elena Quinteros.

Brecha habló con Silvia Izquierdo quien declaró al semanario que en 1991 se fue en destino diplomático a El Salvador y al regresar tres años después, la documentación ya no estaba. Izquierdo dijo a Brecha que su silencio sobre la desaparición de los archivos se debió a que “no sabía si hubo una orden para sacarlos o no”.

¿Dónde estan las 32 cajas? ¿Qué fue investigado de la gestión de la Dra. Izquierdo? ¿Hubo una orden para sacar los archivos? ¿Cuál es la respuesta de quien fue responsable de esa oficina durante la ausencia de Izquierdo?

No investigar el destino de las 20 cajas desaparecidas y los procedimientos realizados por los funcionarios a cargo en el período alimenta la impunidad sembrada por la Caducidad.

Apagar el motor de la impunidad es necesario. El primer paso es sacar la ley 15.848 de nuestro ordenamiento jurídico. Pero hay que seguir. No se pueden dejar de investigar las responsabilidades militares. Pero tampoco se pueden olvidar los archivos de Estados Unidos, ni la situación de nuestros archivos, ni a sus responsables, ni las responsabilidades de los civiles colaboradores.

Se necesita juntar esfuerzos con un abordaje científico multidisciplinario; dedicar muchísimas horas - hombre de trabajo metódico y sistematizado. Para lograrlo necesitamos escucharnos y ser mucho más humildes frente al conocimiento ajeno.

SBS radio - Mariela Castro, Raul Castro's daughter (about children abuse in Cuba)

Florencia Melgar, SBS correspondent in Uruguay, talked with Mariela Castro, Director of the National Centre of Sexual Education in Cuba (Centro Nacional de Educación Sexual - CENESEX). We talked about sexual abuse of children in Cuba and the national policies in practice.

http://www.radio.sbs.com.au/language.php?news=arts&language=Spanish

SBS radio - Marcelo Vargas, Uruguayan scientist

Florencia Melgar, SBS correspondent in Uruguay, talked with Marcelo Vargas, Uruguayan scientist doing research in Wisconsin University. He is part of a team who discovered a protein that will help to stop degenerative illnesses such as Alzheimer.

http://www.radio.sbs.com.au/language.php?news=arts&language=Spanish

SBS radio - with Pablo Fajnzylber (climate change)

Florencia Melgar, SBS correspondent in Uruguay, talked with Pablo Fajnzylber, scientist of the World Bank and author of the research about the relevance of South America in the global climate change.
http://www.radio.sbs.com.au/language.php?news=arts&language=Spanish

Los medios y una guía para el abordaje de la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI)

Los medios y una guía para el abordaje de la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI)

Florencia Melgar, desde Río de Janeiro. El trabajo para erradicar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes enfrenta diversos problemas a la hora de desarrollar sus propuestas: diversos mecanismos que invisibilizan el problema, prejuicios de la sociedad hacia los hechos y las víctimas, desconocimiento de las características y de la dimensión del problema, etc. En muchos casos, no hay consenso sobre los conceptos utilizados.

Por eso, el Programa de Prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en la triple frontera Argentina – Brasil realizó en 2002 una guía llamada “Guía para formadores de opinión. CONCEPTOS Y ORIENTACIONES PARA EL ABORDAJE DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL INFANTIL”. Los conceptos y datos de esta guía son vigentes y además son útiles y aplicables en Uruguay.

Lo que sigue es una selección de la guía y links de utilidad para los periodistas.

 

PRINCIPALES CONCEPTOS

“La explotación sexual comercial de la niñez es una violación fundamental de los derechos de la niñez, abarca el abuso sexual por parte del adulto, y remuneración en dinero o en especie para el niño o para una tercera persona o personas. La niña o el niño es tratado como un objeto sexual y como mercancía. La explotación sexual comercial de la niñez constituye una forma de coerción y violencia contra ésta, equivale al trabajo forzado y constituye una forma contemporánea de esclavitud”.¹

Se trata de un fenómeno donde un adulto visualiza a la persona menor de edad como un objeto o producto comerciable (susceptible de ser comprado o vendido) para la satisfacción de sus propios deseos y fantasías.²

En este fenómeno son muchos los actores que participan de la red de explotación, ofreciendo, aceptando, recibiendo o solicitando a niños, niñas o adolescentes una transacción comercial con fines sexuales. Tanto se traten de proxenetas, sus cómplices, “clientes” o cualquier otra persona que participe, es importante tener claro que todos ellos son explotadores sexuales infantiles. Al respecto debe advertirse en particular sobre el cuidado de usar la palabra “cliente” como una forma de establecer la falsa imagen de una persona que legítimamente está pagando por un servicio. En la presente guía se utiliza esta palabra para diferenciar la función específica de este actor que participa en una transacción comercial ilegal, por lo tanto, explotador y delincuente. Resulta importante esta distinción ya que la existencia de una demanda social constituye la razón de la existencia de un comercio ilegal con la explotación sexual infantil.³

PRACTICAS O FORMAS DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL⁴

Las formas más conocidas de explotación sexual son:

• La prostitución infantil

La prostitución infantil es la utilización de adolescentes, niñas o niños en actividades sexuales a cambio de una remuneración o cualquier otra forma de retribución (Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño).

• Turismo sexual con niñas y niños

Es la explotación comercial de la niñez por personas que viajan de su país de origen a otro que por lo general es menos desarrollado para involucrarse en actividades sexuales con niñas y niños. Consiste básicamente en ofrecer los servicios sexuales de niños a turistas, generalmente extranjeros procedentes de otros países, generalmente industrializados. El fenómeno abarca también a las organizaciones que ofrecen estos viajes y las redes de trata de niños que satisfacen este tipo de demandas.

• Pornografía Infantil

Es cualquier representación, por cualquier medio, de una niña o niño involucrado

en actividades sexuales explícitas reales o simuladas o cualquier representación de las partes sexuales de una niña o niño para propósitos sexuales principalmente (Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño).

• El Tráfico de niños y niñas con propósitos sexuales

Aunque no existe un consenso internacional sobre una definición de tráfico, adoptamos la proporcionada por la Relatora Especial sobre la Venta de Niños, Prostitución y Pornografía Infantil dado que es la más funcional.

Se define así:

“El tráfico consiste en todos los actos que implican reclutamiento o transporte de personas adentro o entre fronteras, implica engaños, coerción o fuerza, esclavitud por deudas o fraude, con el propósito de colocar a las personas en situaciones de abuso o explotación, tales como la prostitución forzada, prácticas de tipo esclavista, golpiza o crueldad extrema, trabajo en condiciones de explotación o servicios domésticos explotadores”.

• Casamientos tempranos o matrimonios forzados

Es el matrimonio de niños, niñas o adolescentes de menos de 18 años de edad. Son frecuentes en sociedades que tienen estilos de vida tradicionales, algunos son obligados a esta unión, otros no están en condiciones o no cuentan con la autonomía necesaria para tomar decisiones razonables e informadas. En ciertas sociedades el consentimiento lo da una tercera persona en representación del niño, niña o adolescente, sin que puedan ejercer su derecho a elegir. Y hay casos que implica el pago de una dote, relacionado muchas veces con estrategias de sobrevivencia económica.

En otros países los matrimonios infantiles están relacionados con prácticas religiosas, pero constituyen una forma encubierta de prostitución infantil. En Paraguay suele ser todavía una práctica frecuente que los familiares obliguen a casarse a una niña o adolescente por sospechar o descubrir que tiene relaciones sexuales o por haber resultado embarazada. Incluso cuando no exista una obligación directa, la presión social y la estigmatización de que son víctimas las mujeres menores de edad puede llevarlas por sí mismas a buscar el casamiento para “salvar su honra”. Recordemos

también, que hasta 1997, con el régimen del anterior Código Penal, si una mujer víctima de violación aceptaba en matrimonio a quien la violó o uno de sus violadores, si fueron varios, todos quedaban libre de pena.

Esta es una situación que también dio lugar a matrimonios forzados, con el mismo argumento de “salvar la honra”.

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL?⁵

La explotación sexual infantil es un problema social, y cuando se trata de fenómenos sociales las influencias son siempre múltiples y se cruzan en complejas relaciones. Más que de elementos causales, es importante identificar cuáles son los principales factores de riesgo que tienen participación en esta problemática. En la literatura especializada se analiza un gran número de factores de riesgo o vulnerabilidad (Finkelhor: 1979, Warburton y Camacho: 1996 y Faleiros: 2000, cit. por Moreno:2001, 70 y ss.). Hemos optado por presentar algunos de los principales factores de riesgo en las siguientes dimensiones, sin olvidar que se encuentran relacionadas entre si:

FACTORES CULTURALES Y SOCIALES:

a) El consumismo como valor de mercado se ha convertido en una pauta cultural relevante, que influye en los procesos de socialización y en las relaciones interpersonales sociales desde la primera infancia, siendo los medios de comunicación masiva uno de los principales vehículos de reproducción y creación cultural. En los programas, publicaciones y la publicidad en general, tanto para niños como para adultos, se destacan como ideas centrales “que venden” la violencia, el poder y el sexo.

Se observa

1) el predominio de la violencia y la dominación del fuerte sobre el débil, incluso los héroes o heroínas imponen justicia con el uso de la fuerza o el poder, la mayoría de las víctimas son mujeres y niños en tanto “los fuertes” son hombres;

2) la consecución del dinero y el poder en general son considerados como las metas más altamente apreciadas y como indicadores de éxito social;

3) imágenes estereotipadas sobre el sexo que refuerzan patrones sexistas, el cuerpo de la mujer aparece como objeto de dominación o placer de los hombres, y las mujeres en general son presentadas como figuras débiles, sumisas o incompetentes, en tanto la figura masculina dominante, fuerte y poderosa es presentada positivamente; y

4) se ha incrementado el uso sexualizado de imágenes de niñas y adolescentes en programas, Internet, publicidades y la industria de la moda, incentivando la pauta machista de poseer un cuerpo joven como símbolo de éxito y poder. Esto se relaciona con el hecho de que las principales víctimas de la ESCI sean del sexo femenino y los principales “consumidores” sean hombres.

b) La falta de vigencia de una cultura de reconocimiento y respeto a los derechos humanos, que conciba como iguales en dignidad a todas las personas de cualquier edad, etnia, origen, sexo o clase. Y en particular la persistencia de un modelo de socialización autoritaria que considera a niños, niñas y adolescentes como objeto de dominación de los adultos, lo que implica distintos grados de negación o restricción de autonomía y participación. Por esta razón la concepción y autopercepción de las personas menores de edad y de cualquier otra condición como sujetos de derechos plenos constituye un factor que debe ser alentado para la prevención de la ESCI.

c) Alta tolerancia social hacia la violencia y las desigualdades, que incluso son promovidas en modelos de socialización discriminatorios, autoritarios y machistas. La violencia conyugal y doméstica invisibilizada, justificada o considerada normal contribuye a la vulnerabilización de niños, niñas y adolescentes frente a la ESCI, además de la tolerancia hacia el incesto y otras formas de abuso o violencia sexual. Los estereotipos masculinos de incontención sexual e irresponsabilidad paterna son también elementos importantes que participan como factores de riesgo para la ESCI.

d) Conceptos erróneos sobre la salud sexual que inducen a una creencia de que la práctica del sexo con niñas y adolescentes no tiene riesgo de adquirir enfermedad de transmisión sexual y ciertos mitos sobre el poder de las vírgenes de restaurarles su potencia sexual, traerles suerte en sus negocios, etc.

FACTORES ECONÓMICOS Y POLÍTICOS

a) La debilidad del Estado y ausencia de políticas sociales para la protección de las familias, la superación de la pobreza y otras desigualdades sociales constituyen uno de los principales elementos causales. Ha sido señalado como factor de vulnerabilidad ante la ESCI los patrones de familias pobres, numerosas y con padres ausentes, en la que los hijos e hijas se ven obligados a asumir precozmente responsabilidades para su supervivencia. Entre las víctimas de ESCI la educación es una de las necesidades que ha sido postergada, así como los cuidados básicos de salud por ausencia o falta de accesibilidad a servicios públicos (Moreno: 2001). En particular influyen la falta de implementación de políticas adecuadas de educación sexual y salud reproductiva, acceso gratuito y permanencia dentro del sistema educativo, educación en derechos, implementación de programas de restitución de derechos a las víctimas incluyendo apoyo psico- social, reinserción escolar y familiar, atención en salud y capacitación laboral.

b) La impunidad y corrupción como prácticas instaladas dentro de la institucionalidad del Estado contribuyen a que la ESCI se mantenga en la impunidad, las únicas acciones de las autoridades estatales se han dirigido a recluir a las víctimas a través de redadas, sin ofrecer alternativas de reinserción social, y dejando impune a los clientes y proxenetas. Incluso se violan abiertamente leyes nacionales sobre la protección de la identidad e intimidad de niños, niñas y adolescentes en muchos medios de comunicación a la vista de las mismas autoridades, convirtiéndose este tipo de noticias en otra mercancía de explotación comercial y nueva victimización.

c) Se ha desarrollado poco conocimiento sobre la dinámica de la ESCI, no se tienen suficientes investigaciones o datos sobre su incidencia a nivel nacional y cómo operan las redes de explotación sexual. Por otra parte existen muy pocos organismos que trabajan en la desvinculación de las víctimas y la facilitación de nuevas alternativas de vida.

EL ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN⁶

Sobre el rol de periodistas y medios de comunicación en la problemática de la ESCI es importante llamar la atención sobre el riesgo de doble victimización a la que expone el tratamiento informativo inadecuado o de corte sensacionalista, así como la transgresión del marco legal de protección de la identidad y el derecho a la intimidad de niños, niñas y adolescentes.

La responsabilidad de los medios a favor de la vigencia de las disposiciones protectoras de los derechos de la niñez y la adolescencia es muy importante ya que sólo el firme compromiso de observar las disposiciones comentadas contribuirá a su plena aplicación, siendo además obligación de los medios denunciar los casos de abusos contra niños y adolescentes cometidos por particulares, por la sociedad, como por las autoridades del

Estado.

Dicho compromiso incluye la difusión de los derechos y garantías establecidas a favor de los niños, niñas y adolescentes; puesto que las medidas de protección a las personas menores de edad son responsabilidad no sólo del Estado sino también de los miembros de la sociedad, y cuando se trata de la publicación de los hechos que involucran a los niños, niñas y adolescentes, corresponde a los comunicadores cumplir y demandar el cumplimiento de las medidas restrictivas tendientes a proteger a los menores de edad del tratamiento informativo que puede afectar los derechos de la niñez.

Es importante conocer los efectos de doble victimización que puede tener la noticia no sólo en personas menores de edad, cuando se resalta el lado escabroso y se expone a las víctimas sin necesidad alguna a través de relatos detallados sobre la forma como fue abusado o abusada, y muchas veces desviando la atención de las causas, los delincuentes o responsables de los abusos, para centrar el hecho noticioso en la condición deplorable de la niña, niño o adolescente o de su familia.

Como recomendaciones hemos adaptado un grupo de sugerencias de la

Federación Internacional de Periodistas (FIP: 1997) que incluyen:

1. dar un perfil más alto a las cuestiones éticas dentro del entrenamiento a periodistas, incluyendo el conocimiento de marcos legales

referidos a la niñez;

2. incluir delineamientos específicos para la cobertura de noticias acerca de niños, niñas y adolescentes en los códigos de conducta y autoregulación de las asociaciones profesionales;

3. desarrollar estudios enfocados a mejorar la calidad de la información;

4. incrementar la sensibilización pública ante la explotación infantil como responsabilidad de periodistas y hacedores de programas;

5. incluir el resguardo de la identificación de víctimas como un componente central del secreto profesional y la conducta ética;

6. evitar el uso de estereotipos relacionados con niños, niñas, adolescentes, así como la discriminación sexista o de otro tipo;

7. cuidar de no revelar información que puede llevar a los explotadores a quedar impunes, localizar o tomar represalias contra sus víctimas;

8. relatar las historias de las víctimas de una manera digna y respetando todos sus derechos, y no enfocar la atención exclusivamente sobre las víctimas de la explotación sino en las redes de tráfico, la clientela, los explotadores sexuales, las políticas, así como las prácticas sociales que apoyan la vigencia de la explotación sexual;

9. propiciar debates entre profesionales de prensa acerca de cómo el tema debe ser investigado e informado;

10. desarrollar capacitaciones específicas para ayudar a periodistas en el tratamiento informativo del tema por parte de las asociaciones profesionales e instituciones educativas;

11. fomentar la diversidad de fuentes, buscando el apoyo de organizaciones especializadas en el tema, una tarea concreta para las mismas constituye la conformación y difusión de un directorio de personas y organizaciones expertas y confiables sobre el tema.

• Glosario de la OIT

http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?pagina=185&seccion=63

• Manuales y Guías

http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=65&pagina=189

• Programa internacional para la erradicación del trabajo infantil

http://www.ilo.org/ipec/lang--es/index.htm

• Programa internacional para la erradicación del trabajo infantil (regional)

http://white.oit.org.pe/ipec/index.php?PHPSESSID=e681125d76b01af501244fcd0c762e6e

• Programa internacional para la erradicación del trabajo infantil (por sector, incluye la explotación sexual infantil y la trata de niños)

http://www.ilo.org/ipec/areas/lang--es/index.htm

• Programa internacional para la erradicación de la explotación sexual comercial infantil

http://www.ilo.org/ipec/areas/CSEC/lang--es/index.htm

1 Declaración y Agenda para la Acción del Congreso mundial contra la explotación sexual comercial de la niñez.

2 MARTINEZ y BARBOZA: 2001, 4-5. En: “Guía para formadores de opinión. CONCEPTOS Y ORIENTACIONES PARA EL ABORDAJE DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL INFANTIL”, 2002.

3 “Guía para formadores de opinión. CONCEPTOS Y ORIENTACIONES PARA EL ABORDAJE DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL INFANTIL”, 2002, p. 5

4 “Guía para formadores de opinión. CONCEPTOS Y ORIENTACIONES PARA EL ABORDAJE DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL INFANTIL”, 2002, pp. 6-7

5 “Guía para formadores de opinión. CONCEPTOS Y ORIENTACIONES PARA EL ABORDAJE DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL INFANTIL”, 2002, pp. 10 - 12

6 “Guía para formadores de opinión. CONCEPTOS Y ORIENTACIONES PARA EL ABORDAJE DE LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL INFANTIL”, 2002, Pp. 24- 26

Congreso Mundial contra Explotación Sexual Infantil (HUELLA II) NOV. 2008

La sociedad civil reclama presupuesto y políticas de estado

Florencia Melgar, desde Río de Janeiro. Desde comienzos de 2008, doce organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática de explotación sexual infantil están reuniéndose para analizar la situación uruguaya y elaborar un informe para presentar en el III Congreso Mundial.

Como resultado de ese trabajo y en relación al informe que presentará el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia en el III Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, en dicha instancia estas organizaciones presentarán un informe que expresa la mirada de la sociedad civil.

En este documento las ONG presentarán el escenario actual a través de un racconto de los avances en materia de abordaje de la explotación sexual en Uruguay desde el primer congreso (Estocolmo, 1996) hasta el momento y hacen hincapié en las debilidades de las políticas de estado en Uruguay. Se trata de un documento que propone una evaluación de la situación en materia de violencia sexual, especialmente la explotación sexual comercial.

Las debilidades desde la visión de la sociedad civil

La falta de voluntad política es una de las principales razones que refuerza las debilidades que impiden hacer frente a la explotación sexual infantil en Uruguay. Esta falta de voluntad se materializa, por ejemplo, en la falta de presupuesto para implementar políticas de estado que encaren el problema profundamente y a largo plazo, porque ni siquiera hay presupuesto para llevar adelante el plan diseñado por por el propio Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia. Según estas organizaciones de la sociedad civil, la inversión en violencia doméstica y abuso intrafamiliar es mínima y en explotación sexual comercial infantil es inexistente.

Otra de las debilidades es la integración del Comité Nacional porque los miembros no tienen un rol relevante ni poder de decisión en los organismos que representan. Desde esta mirada la sociedad civil cuestiona al comité como mecanismo institucional para abordar la problemática.

La invisibilidad

Es necesario ver que la explotación sexual es también una cuestión de género y el sometimiento sexual y la inequidad entre hombres y mujeres son algunas de las razones por las cuales la explotación sexual infantil es poco visible y casi inexistente en la agenda política. Existe una mirada patriarcal de concepción tradicional que legitima el sometimiento sexual y en algunos casos lo naturaliza. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes sería funcional a un sistema social que la legitima y sostiene.

La invisibilidad evita que el problema sea tema de la opinión pública, porque “no molesta” como sí lo hacen los niños en la calle que generan inseguridad.

La hipocresía en torno al tema fue evidente y los primeros investigadores sufrieron los embates más fuertes. Si bien hay varias investigaciones posteriores, producto de esfuerzos individuales, el primero que impactó fue el 1995. En ese año, la investigadora María Elena Laurnaga publicó el estudio titulado “Prostitución de adolescentes y niños. Aproximación a un diagnóstico”.

La reacción inmediata fue la solicitud por parte de varias autoridades de pruebas de sus afirmaciones, aún así cuando esto significara revelar las fuentes.

El Plan

Si bien el Plan para la erradicación de la explotación sexual a niños, niñas y adolescentes se elaboró sin un diagnóstico que lo sustentara, las ONG manifestaron su conformidad con el mismo porque como sociedad civil tuvieron un espacio para aportar elementos conceptuales que reflejan los estudios en la materia y la experiencia de campo de años de trabajo con situaciones de abuso sexual.

En ese plan las ONG intentaron incluir un plan de acciones que fueran coherentes con la realidad de los diagnósticos parciales de la explotación sexual comercial que ellos fueron elaborando en el correr de años de trabajo de campo.

El Plan no tiene asignado un presupuesto para hacerlo efectivo, por lo cual quedó escrito en un texto que expresa la buena voluntad y la experiencia de sus redactores. Incluso hay instituciones comprometidas a llevar a cabo acciones para enfrentar la problemática que luego no ratificaron su compromiso con el plan y mucho menos pusieron en práctica lo estipulado.

Diagnóstico de situación

Está en vías de desarrollo un estudio de la situación de niños, niñas y adolescentes en situación de prostitución en las ciudades – frontera con Brasil, que es un proyecto del país del norte con el que Uruguay se beneficia. Si bien la iniciativa es muy positiva, este dinero no puede contabilizarse como presupuesto uruguayo destinado a la problemática porque proviene de la cooperación internacional.

Está en vías de desarrollo un estudio de la situación de niños, niñas y adolescentes en situación de prostitución en las ciudades – frontera de Uruguay con Brasil. Es un proyecto brasilero con el que Uruguay se beneficia. Si bien la iniciativa es muy positiva, este dinero no puede contabilizarse como presupuesto uruguayo destinado a la problemática porque proviene de la cooperación internacional.

Hasta el momento existen algunos estudios exploratorios parciales pero no hay investigación formal que permita conocer la magnitud, la dimensión y las características del problema de niños, niñas y adolescentes prostituidos en Uruguay.

Hasta el momento existen algunos estudios exploratorios parciales pero no hay investigación formal que permita conocer la magnitud, la dimensión y las características del problema de niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente en Uruguay.

Respuestas primarias

El sistema educativo formal tiene algunas respuestas para detectar los casos de abuso sexual en términos generales desde setiembre de 2007 a través del “Mapa de Ruta”. Es un guía para los docentes de educación primaria para orientar a los docentes en un primer nivel de asistencia de un trabajo en red interinstitucional para la atención y prevención de las distintas situaciones de violencia que viven niños, niñas y adolescentes a nivel doméstico.

El sistema educativo formal tiene algunas respuestas para detectar los casos de abuso sexual en términos generales desde setiembre de 2007 a través del “Mapa de Ruta”. Es una guía para los/las maestros/as para orientar a los/las docentes en un primer nivel de asistencia de un trabajo en red interinstitucional para la atención y prevención de las distintas situaciones de violencia que viven niños, niñas y adolescentes a nivel doméstico.

Uno de los principales problemas es que el mapa no está generalizado, muchísimos maestros no saben de su existencia y no lo aplican. La falta de formación curricular de los docentes en estas problemáticas los limita para actuar sobre esta realidad. Es común encontrar maestras que creen que hay que estar realmente alerta a estas situaciones en escuelas de contexto crítico, cuando hay fuertes indicios e investigaciones que evidencian la transversalidad socio económico y cultural del abuso sexual infantil.

En esta misma línea las organizaciones de la sociedad civil denuncian la inexistencia de apoyos reales a la hora de tratar los casos. Las ONG detectan todo tipo de situaciones de abuso a través de su trabajo de campo diario pero no tienen lugares especializados a los que se pueda derivar a estos niños, niñas y jóvenes. El estado tiene una estructura pero según los técnicos de la sociedad civil, la falta de formación y de equipos especializados para abordar la temática vacía de contenido a esta estructura a la hora de abordar las situaciones concretas de abuso.

Incluso hay casos de denuncias de niñas que dicen ser abusadas por policías que las detienen cuando están en situaciones de prostitución en la vía pública. El policía las lleva al hospital Pereira Rossell, tras lo cual le cobra “el peaje” a la niña o adolescente pero no se animan a realizar la denuncia formal. En algunos casos incluso tienen naturalizadas este tipo de prácticas y los técnicos de las ONG se enteran cuando estas jóvenes consultan por otros temas en sus instituciones.

Caer en la red de la explotación sexual

Muchos de los casos de explotación sexual comercial tienen antecedentes de abuso sexual intrafamiliar por lo cual la explotación sexual comercial agrega el componente comercial a una práctica de abuso sexual que ya les es tristemente conocida. En muchos casos, luego de vivir situaciones de abuso sexual intrafamiliar sostenido, la gravedad de ser prostituido/a no se percibe en su real dimensión.

Este tipo de situaciones son difusas para las/los jóvenes quienes en muchos casos entablan relaciones afectivas con el hombre intermediario en la explotación. Además, habitualmente se genera un sentimiento (irreal) de poder de decisión porque las/los jóvenes creen que deciden quién es su cliente y quién no, invisibilizando su situación de víctimas como producto de su vulnerabilidad. Por otra parte, las/los jóvenes ven el sometimiento sexual como una manera de obtener cosas que necesitan. Las situaciones de pobreza y a veces de exclusión social son fuertes factores de vulnerabilidad en la explotación sexual comercial.

Además, según las ONG que trabajan con estos casos de abuso, las jóvenes muchas veces no denuncian porque se sienten cómplices de la situación porque “no fueron forzadas” sino que la práctica sexual se dio con su “consentimiento”, lo cual hace la situación aún más compleja.

Este hombre suele ser proveedor de alimentos y satisfactor de las necesidades básicas de la joven explotada y su entorno por lo cual se crea una relación de dependencia material y afectiva. A veces también hay hijos producto de ese vínculo. La comprensión de la complejidad de estos vínculos -donde la inequidad de género juega un rol importante- es necesaria para poder abordar las situaciones. Esta percepción difusa es la misma que sustenta afirmaciones del tipo “lo hace porque le gusta”, lo que legitima la explotación sexual adolescente.

La complejidad de los vínculos que se entablan en torno a la explotación sexual comercial y la falta de formación curricular de los jueces son los problemas que tiene que enfrentar el sistema judicial, que, según las ONG, muchas veces no es capaz de identificar las situaciones de dominación y /o de vulnerabilidad de estos/as jóvenes en situación de prostitución.

Indicadores de este punto de partida

Tanto el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia como la sociedad civil organizada tienen un rol fundamental en el abordaje y tratamiento de estas problemáticas de infancia y adolescencia porque, si bien los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y sujetos activos, no tienen un espacio donde expresar que son víctimas y mucho menos formas para abordar el problema.

Como no está en la agenda política, el abuso sexual infantil se convierte en un tema del que todos somos responsables pero en el momento de accionar los mecanismos de contención es difícil de identificar dónde, cuándo, quién, cómo.

Según las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática, en Uruguay no hay políticas concretas que muestren el compromiso político del estado con el abordaje de la problemática de la explotación sexual comercial infantil. Algunas de las principales políticas ausentes son:

• Formación de equipos multidisciplinarios que trabajen en y para el estado.

• Inclusión del tema en la currícula preescolar y escolar para prevenir.

• formación docente que incluya el abordaje transveral de la explotación sexual comercial en coordinación con otras temáticas con las que se relaciona: abuso sexual no necesariamente comercial, la equidad de género y los derechos humanos.

• Integración de la temática en la currícula de otras carreras, además de los docentes: abogados, jueces, asistentes sociales, psicólogos, sociólogos, médicos, etc.

Como la pobreza y la exclusión potencian la vulnerabilidad de los niñas, niños y adolescentes y los acercan a situaciones de explotación sexual comercial, la inversión social debe enfocarse no sólo al tratamiento del problema sino a estas mismas causas que mencionábamos y que generan las situaciones de vulnerabilidad: violencia doméstica, pobreza, exclusión, situación de calle y trabajo infantil.

Las ONG reconocen que INAU – Programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social amplió la cobertura dando más apoyo a las ONG que trabajan en la temática pero consideran que este esfuerzo aislado no suple la necesidad de políticas integrales de estado a largo plazo.

Por otra parte, la situación en el interior del país es una realidad aún más compleja de evaluar por su diversidad y ausencia de diagnósticos. A la hora de contener a las víctimas, la sociedad civil tiene aún menos herramientas que en la capital.

Las ONG uruguayas que están trabajando en las temáticas en torno al abuso sexual desde 1990, lograron en 18 años poner el tema tímidamente en la agenda pública y política pero la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes está en el punto 0 en materia de visibilidad y de abordaje público, según sostienen estas organizaciones civiles.

• Por información sobre el III Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes - http://www.iiicongressomundial.net

• El programa del Congreso lo pueden encontrar en http://docs.google.com/Doc?id=dgwkpcj5_75xfgswxgg

ONG que integran el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia

• Juventud para Cristo – Programa Claves

• Somos ONG

• Foro Juvenil – Programa El Faro

ONG que forman parte del colectivo que preparó el informe de la sociedad civil para presentar en el congreso

• Juventud para Cristo – Programa Claves

• Programa El Faro – Foro Juvenil

• Gurises Unidos

• Casa abierta

• Mujer Ahora

• Somos ONG

• Andenes

• Arco Iris

• IACI

• Instituto Mujer y Sociedad

• Obra Ecuménica

• Casa Lunas